El Consejo de Estado archivó la demanda que buscaba la pérdida de investidura de 28 congresistas del Pacto Histórico, entre ellos la senadora y precandidata presidencial María José Pizarro, al concluir que no existió conflicto de intereses.
La acción judicial fue interpuesta por un ciudadano que argumentaba que los legisladores incurrieron en falta al promover un artículo de la reforma política que eliminaba sanciones por exceder topes electorales, mientras la campaña presidencial del Pacto Histórico estaba bajo investigación. Según el demandante, esta conducta debía derivar en su “muerte política”.
Sin embargo, la Sala 22 de Decisión, con ponencia del magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, determinó que la modificación propuesta no generaba un beneficio particular, actual o directo para los congresistas, sus familiares o allegados. El alto tribunal también señaló que la investigación del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre los topes de la campaña de Gustavo Petro no involucraba a los parlamentarios demandados.
En consecuencia, la corporación concluyó que no se configuró el elemento objetivo del conflicto de intereses y, por tanto, cerró el caso en esta instancia judicial, garantizando la continuidad legislativa de los 28 congresistas.
