El Consejo de Estado le dio un golpe jurídico al presidente Gustavo Petro al ordenarle rectificar públicamente las fuertes afirmaciones que hizo contra Joseba Mikel Grajales Jiménez, dueño del grupo Keralty, matriz de la EPS Sanitas. Para el alto tribunal, el mandatario vulneró derechos fundamentales como el buen nombre, la honra y la presunción de inocencia del empresario.
Todo se remonta a la alocución del 15 de julio de 2025, cuando Petro calificó a Grajales de “criminal” y dijo que “debe irse” del país, en medio de críticas por presuntas irregularidades en la financiación política. El Consejo de Estado fue claro: esas acusaciones no tenían sustento y dañaron la reputación del empresario. Por eso, le ordenó al presidente retractarse de manera explícita en su próxima alocución.
Este fallo se suma a otras derrotas recientes del Gobierno frente a Sanitas. En agosto, la Corte Constitucional ya había tumbado la intervención estatal sobre la EPS y devolvió el control a Keralty, cuestionando la forma como se había hecho el proceso. Con más de 5,7 millones de afiliados, Sanitas es hoy uno de los actores más grandes del sistema de salud y su pulso con el Ejecutivo refleja la tensión creciente por el futuro del modelo sanitario que propone el Gobierno Petro.