Por Laura Cristina Barbosa Cifuentes
La decisión del Gobierno de aumentar el salario mínimo en 23 % para 2026 ha generado inquietud entre quienes están interesados en adquirir una Vivienda de Interés Social (VIS), un segmento crucial para miles de familias que buscan el sueño de la casa propia.
Varios compradores señalaron que, tras el ajuste salarial, algunos proyectos de VIS han reportado incrementos de hasta $49 millones en el valor final de las unidades, debido a la manera en que constructores y administradores han “recalculado” los costos de comercialización tomando como referencia el nuevo salario mínimo.
“Yo había separado mi apartamento desde hace meses”, comentó una joven madre de familia cuyo nombre omitimos por seguridad. “Cuando fui a firmar, me dijeron que el valor había subido cerca de $49 millones por cuenta del aumento del salario mínimo. Eso nos cambia completamente el plan de vida”.
La preocupación de quienes buscan vivienda social no se limita al bolsillo inmediato: también hay inquietud sobre la sostenibilidad de los pagos mensuales, ya que el aumento de costos puede traducirse en cuotas más altas y en mayor presión sobre presupuestos familiares ya ajustados.
Representantes de organizaciones de compradores han advertido que vincular directamente los precios de los proyectos a la variación del salario mínimo puede alejar el acceso a la vivienda para las personas de menores ingresos, justo cuando las políticas públicas buscan facilitar la propiedad. “Si no se corrige esta lógica, la vivienda social puede volverse cada vez menos accesible para quienes más la necesitan”, aseguró uno de los voceros del sector.
Especialistas en vivienda social han señalado que, aunque la actualización del salario mínimo es una medida para proteger el ingreso de los trabajadores, no debería trasladarse de forma automática a los precios de los proyectos VIS, pues estos se ven afectados por multifactores como costos de construcción, suelo, servicios y financiación.
Constructores consultados argumentan que el aumento de costos laborales —producto del incremento del salario mínimo y de otros rubros asociados— impacta la estructura de gastos de los proyectos, lo que a su vez obliga a reconfigurar precios y plazos de entrega, pero reconocen la tensión que esto genera entre oferta y demanda.
Para muchas familias, la compra de una vivienda no es solo una transacción económica, sino un paso fundamental hacia estabilidad, tranquilidad y construcción de un proyecto de vida. Frente a estas inquietudes, autoridades y representantes del sector han indicado la necesidad de revisar mecanismos de indexación y regulación de precios, con el fin de que la política salarial cumpla su propósito sin afectar de manera desproporcionada a los aspirantes a propietarios de VIS.
La discusión, que ya se ha abierto entre compradores, gremios y el Gobierno, pone de relieve una cuestión de fondo: cómo equilibrar la protección del ingreso de los trabajadores con la garantía de acceso a la vivienda digna para las familias colombianas.