El Gobierno colombiano expresó su preocupación y rechazo frente a las sanciones que Estados Unidos impuso recientemente a dos jueces de la Corte Penal Internacional (CPI). Para Bogotá, estas medidas amenazan la independencia de la justicia internacional y pueden afectar el trabajo de un tribunal clave para millones de víctimas de crímenes graves en el mundo.
Se trata de los magistrados Gocha Lordkipanidze (Georgia) y Erdenebalsuren Damdin (Mongolia), quienes han participado en investigaciones sobre posibles crímenes cometidos en la Franja de Gaza. Las sanciones incluyen bloqueo de activos y prohibición de entrada a EE. UU., medidas que, según el Gobierno colombiano, representan un obstáculo grave para la imparcialidad de la Corte.
En su comunicado, la Cancillería recordó que Colombia está comprometida con los principios del Estatuto de Roma, que da vida a la CPI, y llamó a la comunidad internacional a proteger la justicia multilateral. Además, el país se sumó a otros Estados que han pedido levantar estas sanciones, en un gesto que busca cuidar la independencia de los jueces y la credibilidad del tribunal.
Por su parte, la CPI rechazó las sanciones y calificó estas acciones como un “ataque flagrante” a la independencia judicial, reafirmando que continuará cumpliendo con su mandato con imparcialidad.
Este episodio pone sobre la mesa un debate global sobre cómo se relacionan las potencias internacionales con los tribunales que buscan garantizar justicia, recordando que el respeto a la ley y la protección de las víctimas deben estar por encima de intereses políticos.
