A medida que se acercan las elecciones de 2026, el Gobierno colombiano ha tomado medidas extraordinarias para proteger a candidatos, líderes sociales y políticos de posibles ataques. La Unidad Nacional de Protección (UNP) anunció un contrato por más de 30.000 millones de pesos para garantizar esquemas de seguridad más robustos, incluyendo vehículos blindados y personal de acompañamiento para quienes han recibido amenazas.
Este anuncio responde a un contexto preocupante: según la Misión de Observación Electoral (MOE), entre el 1 de enero y el 8 de noviembre de este año se registraron 369 incidentes de violencia política que afectaron a líderes comunales, sociales y precandidatos en diversas regiones del país.
Entre los episodios más alarmantes figura un atentado contra el senador Temístocles Ortega y ataques atribuidos al ELN contra el gobernador de Arauca, Renson Martínez. Estas situaciones han generado temor entre los líderes y sus comunidades, quienes dependen de la protección estatal para ejercer sus funciones y participar en la vida democrática sin miedo.
La preocupación se intensificó con la reaparición de Iván Mordisco, jefe de la disidencia Estado Mayor Central (EMC), quien advirtió sobre una posible escalada del conflicto y afirmó que su grupo defendería “sus territorios y determinaciones políticas” en medio del calendario electoral.
Para muchos ciudadanos, estas medidas no solo buscan proteger la vida de los líderes, sino asegurar que las elecciones se desarrollen de manera libre y justa. La seguridad de los políticos es también la garantía de que la democracia pueda funcionar y que la voz de la ciudadanía sea respetada, incluso en medio de un contexto de violencia persistente.
El reto del Gobierno y de la sociedad es claro: mantener la paz y la libertad de participación en un país donde ejercer liderazgo político puede ser peligroso, y asegurar que cada colombiano pueda vivir y votar sin miedo, confiando en que el Estado protege tanto a los líderes como a los ciudadanos que representan.