En la cumbre climática COP30 que se celebra en Belém do Pará, Colombia se puso al frente de un grupo de más de 35 países que pidió con firmeza que la declaración final reconozca que, para enfrentar la crisis climática, es indispensable reducir de manera drástica el consumo y la extracción de combustibles fósiles.
La ministra de Ambiente, Irene Vélez, destacó que la ciencia es clara: si no se disminuye el uso de petróleo, carbón y gas, los esfuerzos por salvar el planeta serán insuficientes. “La política debe seguir la ciencia, o estamos siendo irracionalmente cómplices de la destrucción de nuestro futuro”, afirmó Vélez.
Sin embargo, en las negociaciones finales, la versión consensuada del documento no incluyó una hoja de ruta clara para dejar atrás los combustibles fósiles, generando preocupación y críticas de los países que defienden la urgencia climática. Colombia advirtió que esta omisión debilita la cumbre y no refleja la realidad de la emergencia ambiental que enfrenta la humanidad.
El presidente Gustavo Petro se pronunció con contundencia: “Negar la responsabilidad de los combustibles fósiles es hipocresía. Estamos jugando con la vida de millones y el futuro de nuestros hijos”. Para él, esta no es una cuestión política, sino una cuestión de supervivencia para el planeta y la humanidad.
Como respuesta a la falta de consenso, Colombia y Países Bajos anunciaron la realización de una Conferencia Internacional para la Eliminación Progresiva de los Combustibles Fósiles en abril de 2026, con la esperanza de que se logre un mecanismo global real y justo que proteja tanto la vida humana como los ecosistemas.
Para muchos, el mensaje de Colombia en la COP30 no es solo una exigencia política: es un llamado urgente a proteger la vida en la Tierra, recordando que cada decisión que se tome hoy tendrá un impacto directo sobre el bienestar de las futuras generaciones