El Gobierno colombiano presentó una enérgica protesta diplomática ante Estados Unidos tras una serie de ataques contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en aguas del Pacífico y el Caribe, en los cuales al menos cinco personas perdieron la vida.
En un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores calificó las operaciones como una violación al derecho internacional y exigió su suspensión inmediata. El presidente Gustavo Petro aseguró que estos hechos constituyen un “asesinato” y advirtió que ponen en riesgo la confianza en la cooperación bilateral en materia de seguridad.
Las autoridades estadounidenses argumentaron que las acciones forman parte de una campaña de lucha contra el narcotráfico iniciada el pasado 2 de septiembre, enmarcada —según Washington— dentro de un contexto de “conflicto armado” contra organizaciones criminales transnacionales. Sin embargo, diversos analistas han cuestionado esta justificación y señalan que las víctimas serían en su mayoría actores de bajo perfil, sin capacidad de mando dentro de las estructuras del narcotráfico.
El incidente ha generado reacciones en la región, donde varios gobiernos latinoamericanos han rechazado las operaciones unilaterales de Estados Unidos en aguas internacionales. Mandatarios y organismos multilaterales han insistido en la necesidad de fortalecer la cooperación internacional, pero respetando la soberanía y las normas marítimas.
La Cancillería colombiana reiteró que continuará utilizando los canales diplomáticos para exigir explicaciones y evitar que se repitan acciones que vulneren los derechos humanos y la integridad de sus ciudadanos.