El gobierno del presidente Gustavo Petro, primer mandatario de izquierda en Colombia, ha mostrado en los últimos meses un cambio importante en su enfoque de seguridad, adoptando medidas que analistas y críticos consideran giros hacia políticas más conservadoras y militarizadas.
Uno de los puntos más polémicos ha sido la defensa de bombardeos en los que murieron menores de edad. El presidente ha sostenido que estos jóvenes eran combatientes reclutados por grupos armados ilegales, lo que ha generado un intenso debate sobre la necesidad de seguridad frente al respeto por la vida y la protección de los más vulnerables.
Petro también ha asumido un rol directo en la toma de decisiones militares, defendiendo personalmente algunas operaciones ante amenazas inmediatas a las fuerzas del Estado. Este enfoque evidencia un estilo de liderazgo más pragmático y centrado en la acción frente a la violencia.
Otro elemento clave es la interpretación del derecho internacional humanitario hecha por su administración, diferenciando entre menores reclutados por grupos armados y niños civiles, y justificando ciertas operaciones bajo esta perspectiva legal.
La estrategia de seguridad también ha mostrado un mayor protagonismo militar en zonas de conflicto, con operaciones ofensivas dirigidas a neutralizar disidencias y grupos armados, a pesar de las críticas por los riesgos que estas acciones implican para las comunidades locales.
Estos giros reflejan la complejidad de un gobierno que, aunque históricamente progresista y orientado a la paz, enfrenta la tensión entre sus principios de justicia social y la necesidad de garantizar la seguridad de la población, en un país marcado por décadas de conflicto armado.