La reciente absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez por parte del Tribunal Superior de Bogotá, en el caso por manipulación de testigos y fraude procesal, ha sacudido el panorama político colombiano y reavivado viejas tensiones entre gobierno y oposición.
El fallo, que pone fin a más de una década de procesos judiciales, fue recibido con reacciones encontradas. Desde el Gobierno Nacional, el presidente Gustavo Petro aprovechó la coyuntura para revivir su propuesta de convocar una Asamblea Constituyente, argumentando que la decisión judicial refleja un “sistema de justicia capturado por las élites políticas y económicas del país”. Petro sostuvo que la absolución “demuestra la necesidad de un nuevo pacto constitucional que democratice el poder y garantice la verdad histórica sobre el paramilitarismo y la violencia política”.
Por su parte, los sectores de derecha y centro-derecha celebraron la decisión del tribunal como una reivindicación del exmandatario y una señal de independencia judicial. Voceros del Centro Democrático calificaron el fallo como “un acto de justicia que restituye el buen nombre del presidente Uribe”, mientras que líderes conservadores aseguraron que el expresidente “fue víctima de una persecución política”.
La controversia vuelve a polarizar la escena política nacional y perfila un escenario de tensión ideológica de cara a los próximos comicios regionales y legislativos. En medio del debate, analistas advierten que el intento del Gobierno de impulsar una nueva Constitución podría intensificar la confrontación entre el Ejecutivo y la oposición, en un momento en que el país enfrenta desafíos económicos, sociales y de seguridad.