El Senado eligió a Carlos Camargo, ex defensor del Pueblo, como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, en una votación que representa un revés para el Gobierno del presidente Gustavo Petro. La decisión contó con el respaldo de la mayoría de los partidos de oposición, pese a los intentos del Ejecutivo por bloquear su elección.
La designación de Camargo refleja la influencia del Legislativo en los nombramientos judiciales y evidencia la resistencia de la oposición frente a los intentos del Gobierno de controlar cargos clave dentro de la justicia. Su experiencia en defensa de los derechos humanos y en la supervisión del poder público es vista como un factor que podría equilibrar las decisiones de la Corte en asuntos de gran relevancia para el país.
Expertos políticos señalan que este nombramiento subraya las actuales tensiones entre Ejecutivo y Legislativo, y podría marcar un precedente en futuras disputas sobre la independencia judicial y la intervención política en los altos tribunales.