- Las víctimas eran contactadas a través de una red social mediante la cual les ofrecerían ingresar al Ejército y a cambio les pedían consignar un millón de pesos para pagar exámenes de laboratorio que jamás se realizaban. La estafa asciende a más de $22 millones.
Edgar Rondón Rojas, Jhon Alexis Montiel Albino, Omar Rodrigo Peña, Andrés Fernando Bocanegra Albornoz y José Luis Guzmán Riaño fueron afectados con medida de aseguramiento intramuros por su presunta participación en los delitos de concierto para delinquir y estafa agravada de los cuales habrían sido víctimas 21 jóvenes que aspiraban a ingresar al Ejército Nacional.
Los procesados quienes harían parte de un grupo de delincuencia organizada denominado Los Reclutadores desde el año 2021, están relacionados en 21 investigaciones con igual número de víctimas que perdieron una suma superior a los 22 millones de pesos.
Mediante un operativo dirigido por un despacho local adscrito a la Unidad de Estafas de la Seccional Tolima, se realizaron sus capturas por investigadores del CTI del Grupo de Estructura de Apoyo, con el apoyo de integrantes de la Policía Nacional y Ejército Nacional en Ibagué y Ataco, Tolima; Pereira, Risaralda, y en Villavicencio, Meta.
Todos fueron imputados por la delegada fiscal por los delitos de concierto para delinquir y estafa agravada en modalidad masa, los cuales no aceptaron haber cometido.
Su modus operandi
Las víctimas entre 18 y 21 años de edad era jóvenes interesados en prestar servicio militar que inocentemente ingresaban a páginas de una reconocida red social donde les ofrecían acceder de manera fácil a ese deseo.
Esta era la forma como el estafador los contactaba y así les engañaría bajo el ofrecimiento de ayudarles a ingresar a la entidad, pero para ello debían pagar la suma de $1.000.000 la cual debían consignar a través de reconocidas empresas de giros del país para costear supuestos exámenes de laboratorio.
Luego de que le enviaban el recibo como constancia de haber hecho la consignación, los citaba a las afueras de una clínica o centro médico donde supuestamente se realizarían los exámenes, pero el hombre no llegaba a la cita y posteriormente perdían contacto con él.
Elementos materiales probatorios dan cuenta que los hoy privados de la libertad tendrían injerencia a nivel nacional, dejando víctimas no sólo en Ibagué, donde sería su centro de operaciones sino también en los departamentos de Cundinamarca y su ciudad capital Bogotá; Huila; Villavicencio; Atlántico; Bolívar; Antioquia; Cauca; Valle del Cauca; Córdoba; Santander; Magdalena; Valledupar; Sucre; Amazonas y Chocó.
Ninguno aceptó los cargos imputados por la delegada fiscal.
Estos resultados se logran de acuerdo con el compromiso adquirido por la Fiscal General de la Nación (e), Martha Janeth Mancera, de contrarrestar los delitos que afectan la seguridad ciudadana.