La Fiscalía judicializó a cuatro personas por su presunta participación en un grupo de delincuencia organizada dedicado al parecer, al tráfico de base de coca mediante correos humanos y el uso de transporte público desde el departamento del Putumayo con destino a Tolima y Cundinamarca.
‘Los Kirikú’ estaría conformado por Javier Castañeda Robis, Rosario Del Pilar Delgado López, Rafael Ricardo Rodríguez Hurtado y Jhon Hawer Carrillo Guzmán, quienes, debido a la gravedad y modalidad de las conductas cometidas, fueron privados de la libertad de manera preventiva en centro de reclusión, luego que un fiscal especializado de la Seccional Tolima los imputara por concierto para delinquir agravado por darse para narcotráfico.
Las diligencias de captura se llevaron a cabo de manera simultánea por servidores del CTI de la Sección de Análisis Criminal –SAC-, en Mocoa, Putumayo; Facatativá, Cundinamarca y Granada, Meta, con el apoyo del Ejército Nacional.
Según el ente acusador, estas personas iniciarían la actividad ilícita en abril del año 2022 donde Castañeda Robis y Delgado López hacían las coordinaciones respectivas para enviar desde Mocoa la base de coca en bloques, encaletada en vehículos de transporte público o maletas, o en otras ocasiones, el primero la transportaba bajo la modalidad de correo humano en su equipaje.
Entretanto Carrillo Guzmán y Rodríguez Hurtado se encargarían de comercializar la base de coca al menudeo en el Guamo, Tolima, y Facatativá, Cundinamarca, respectivamente.
Gracias a interceptaciones telefónicas de por lo menos 10 líneas debidamente estudiadas por analistas de la sala de interceptaciones del CTI, así como labores propias de policía judicial tales como búsqueda selectiva en bases de datos, inspecciones a procesos judiciales, análisis link, entre otros,se logró establecer que los envíos eran de aproximadamente 5 kilos por viaje.
Cada kilo estaría avaluado entre 1 y 2 millones de pesos y se tiene que harían cerca de 30 envíos al año.
Estos resultados se logran de acuerdo con el compromiso adquirido por la Fiscal General de la Nación (e), Martha Janeth Mancera, de contrarrestar los delitos que afectan la seguridad ciudadana