Un momento de trabajo institucional que buscaba avanzar en la formalización de la minería en Nariño se convirtió en una situación de miedo e incertidumbre este sábado. Una camioneta en la que se movilizaban funcionarios de la Gobernación de Nariño, tras una visita minera a la subregión de Los Abades, fue hostigada en el sector Las Cochas por impactos de bala. Afortunadamente, ninguna persona resultó lesionada.
Los funcionarios que iban a bordo del vehículo describieron el hecho como súbito y alarmante. “Escuchamos los disparos y sentimos el impacto, pero logramos avanzar rápidamente y ponernos a salvo”, relató uno de los presentes, aún con la tensión palpable en su voz. El susto fue real, pero la coordinación del equipo permitió que todos permanecieran ilesos.
El ataque se produjo mientras la comitiva regresaba hacia Pasto después de una jornada en la que la Gobernación buscaba evaluar y fortalecer proyectos de minería formal en la región, con el objetivo de apoyar a las comunidades y garantizar que la actividad extractiva se realice de manera legal y segura.
Según fuentes oficiales, el gobernador no se encontraba en la camioneta atacada, pues su esquema de seguridad lo había trasladado por una ruta alterna minutos antes. Sin embargo, los funcionarios presentes recuerdan la sensación de vulnerabilidad y el rápido latido de sus corazones ante lo que podría haber sido un incidente grave.
El vidrio del vehículo quedó marcado por los proyectiles, un recordatorio silencioso de la cercanía del peligro, mientras los funcionarios procesaban la experiencia y trataban de retomar la normalidad en su regreso a la capital departamental.
Voceros de la Gobernación señalaron que las investigaciones están en curso para determinar quiénes estuvieron detrás del ataque y si este fue dirigido deliberadamente contra la comitiva o si se trató de un acto de violencia general en una zona donde operan grupos armados, incluidas disidencias de las Farc y estructuras vinculadas a economías ilegales y minería ilegal.
A pesar de lo ocurrido, la Gobernación insistió en que continuará avanzando en proyectos de desarrollo social y económico, con especial atención a la legalización y organización de la minería, sin dejarse intimidar por la violencia.
Este hecho subraya los riesgos que enfrentan los funcionarios públicos en zonas rurales del país, donde la legalidad, la seguridad y el desarrollo económico compiten con la presencia de actores armados y actividades ilegales. Al mismo tiempo, muestra la resiliencia y compromiso de quienes trabajan por mejorar las condiciones de vida de las comunidades, incluso en medio de la adversidad.