En un hecho histórico esperado por cerca de 12 años, el Gobierno del Cambio, a través de la Unidad para las Víctimas, logró concretar la notificación al pueblo raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina el reconocimiento como Sujeto de Reparación Colectiva.
Con la inclusión en el Registro Único de Víctimas (RUV) del pueblo raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y el reconocimiento de los daños colectivos que este sufrió en el marco del conflicto armado, se empezó a saldar una deuda histórica del Estado con la comunidad del archipiélago.
La notificación la hizo este viernes 15 de diciembre la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, a Rossana Teresa Livingston, primera vicepresidenta del Raizal Council, en un emotivo acto que tuvo lugar en la Iglesia Bautista New Life Tabernacle.
“Es un momento histórico. Fue un proceso largo, pero alcanzamos el objetivo», expresó Livingston tras la lectura de la resolución que especifica las afectaciones a la población raizal y explica las dinámicas del conflicto armado en la isla. La representante del pueblo raizal agradeció el compromiso de Tobón Yagarí, quien a su vez se reafirmó en el liderazgo de la construcción conjunta del Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC) para resarcir los daños ocasionados por el conflicto armado.
En el marco del acto de notificación, la directora de la Unidad se presentó ante la comunidad raizal como una de las representantes del Gobierno de Cambio que hizo posible este reconocimiento como colectividad afectada por el conflicto.
“Este es un compromiso que asumimos con ustedes dentro del Plan Nacional de Desarrollo para superar los rezagos que no se han reconocido», señaló la directora de la Unidad, quien destacó además que entre los propósitos de este proceso están el reconocimiento de su relación con el mar, el daño al territorio y los hechos diferenciales en razón al conflicto armado.
La directora resaltó que esta no es la conclusión del proceso, sino que por el contrario comienza una nueva etapa para reconocer los derechos de esta población y saldar la deuda histórica que existe.
Por eso, anticipó que ahora viene una etapa de agilizar estos procesos de construcción colectiva que este Gobierno quiere implementar para que así se puedan obtener avances en materia de la garantía de los derechos del pueblo raizal.