El ministro del Interior, Armando Benedetti, denunció que drones no identificados sobrevolaron la vivienda donde reside en Bogotá. El funcionario calificó el hecho como “un acto criminal” y anunció acciones judiciales para establecer quiénes estarían detrás del episodio.
Según afirmó, el uso de aeronaves no tripuladas sobre su domicilio constituye una amenaza contra su seguridad y la de su familia. La situación, que ya fue puesta en conocimiento de las autoridades competentes, abre interrogantes sobre los protocolos de protección a altos funcionarios y la capacidad estatal para rastrear y neutralizar este tipo de dispositivos en zonas residenciales.
El incidente ocurre en medio de un ambiente político crispado y con el Gobierno bajo constante escrutinio. Desde la oposición han solicitado explicaciones adicionales sobre el contexto del caso y sobre las medidas activadas para garantizar la seguridad del ministro.
Más allá del hecho puntual, el episodio vuelve a poner sobre la mesa los límites de la vigilancia tecnológica, las garantías para figuras públicas y el alcance real de los mecanismos de seguridad en un momento en que la confianza institucional enfrenta múltiples tensiones.