El informe más reciente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) revela que ya son 163 los líderes y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia en lo que va del año, así como 69 masacres registradas, lo que evidencia la persistente violencia contra quienes trabajan por la paz y la justicia en el país. 
El documento señala que el fallecimiento más reciente corresponde al exconcejal Luis Fernando Ocampo Arias, quien fue atacado por hombres armados en una carretera entre Pueblo Nuevo y Puente Linda, en Nariño. Ocampo había liderado gremios de transporte y se encontraba activo en labores comunitarias. 
El observatorio de Indepaz advierte que muchos de estos crímenes ocurren en zonas donde operan organizaciones como el Clan del Golfo, que ejercen control territorial y social, dificultando la protección de las comunidades. 
La alarmante cifra plantea preguntas urgentes sobre la eficacia del Estado para garantizar los derechos humanos básicos en los territorios más vulnerables. Además, abre el debate sobre la correlación entre la política de seguridad, el control territorial y los procesos de paz que han quedado en espera.
El reto, para el Gobierno y la sociedad civil, es claro: darle visibilidad a cada líder asesinado, detener el patrón de violencia y reparar a las comunidades que siguen reclamando justicia.
Y mientras los números siguen subiendo, los nombres detrás de esas cifras siguen siendo rostros que piden memoria y protección.