Víctor de Currea‑Lugo ha asumido un rol de alto perfil como asesor en la administración del presidente Gustavo Petro, pese a los señalamientos por presunto acoso sexual a estudiantes. En 2023, abandonó una candidatura como embajador ante Emiratos Árabes Unidos tras la divulgación de denuncias, pero posteriormente ingresó en el entorno presidencial como especialista en políticas internacionales y sociales.
Su presencia ha sido cada vez más visible: participa junto al presidente Petro en eventos oficiales, firma de acuerdos de paz y negociaciones estratégicas, lo que refleja la confianza depositada en su capacidad. Entre 2018 y 2023, al menos cinco exalumnas de la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad Nacional presentaron testimonios por presunto acoso sexual contra él, sin que hasta la fecha se conozcan procesos judiciales concluyentes. La titular de la Defensoría del Pueblo, Iris Marín, ha cuestionado la permanencia de funcionarios con denuncias de violencia de género argumentando que envía una señal equivocada sobre la lucha institucional contra estas conductas.
La designación de De Currea‑Lugo plantea una tensión entre la necesidad de técnicos especializados en el gobierno y la exigencia social de coherencia ética en los altos cargos públicos. Por un lado, críticos consideran que su continuidad contraviene los discursos de cambio y equidad del ejecutivo. Por otro, la administración resalta su experiencia, redes internacionales y capacidad de interlocución como elementos clave para justificar su rol.
Este caso va más allá de un simple nombramiento: expone la tensión entre la estrategia política del gobierno y las expectativas ciudadanas en materia de transparencia y ética pública. El país observa atentamente cómo se articula la experiencia técnica con la responsabilidad moral en la toma de decisiones gubernamentales.