José Miguel Mojica Conchangui, reconocido líder social e indígena del pueblo Wiwa, fue asesinado en la vereda Mucura, zona rural del municipio de Riohacha, en el departamento de La Guajira. El crimen ocurrió luego de que hombres armados lo sacaran de una celebración navideña en la que se encontraba con su familia y miembros de la comunidad.
De acuerdo con la información conocida, Mojica fue llevado a pocos metros del lugar y asesinado frente a sus familiares, un hecho que ha generado profunda consternación entre comunidades indígenas, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos.
La Defensoría del Pueblo había advertido sobre el alto riesgo que enfrentan las comunidades indígenas y rurales del municipio de Riohacha y de la Sierra Nevada de Santa Marta. A través de la Alerta Temprana 013 de 2025, la entidad llamó la atención sobre la imposición de normas y formas de gobernanza ilegal por parte de grupos armados, lo que representa una amenaza permanente a los derechos de la población.
A esta advertencia se suma la Alerta Temprana 020 de 2025, que señala un riesgo alto para la población de la Sierra Nevada de Santa Marta debido a la disputa territorial entre el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Este escenario ha derivado en homicidios, desplazamientos forzados, amenazas y control social sobre comunidades indígenas y rurales.
Asimismo, la Alerta Temprana 010 de 2025 incluye al municipio de Riohacha y advierte un riesgo extremo por la disputa y consolidación territorial de estos grupos armados, reflejada en incursiones armadas y graves afectaciones a la población indígena. Estas alertas se articulan con la AT 019 de 2023, que identifica el riesgo permanente que enfrentan líderes, lideresas y defensores de derechos humanos en contextos de control armado.
En la zona tienen presencia estructuras del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y bandas de carácter local. La jurisdicción corresponde a la Primera División del Ejército Nacional.
Organizaciones sociales y comunidades indígenas reiteraron el llamado al Estado para que se adopten medidas urgentes de protección, se garantice la vida de los líderes sociales y se esclarezcan de manera pronta los responsables de este crimen.
