La Agencia Nacional de Tierras (ANT) adquirió 221 predios por $229.256 millones a la Unidad para las Víctimas, una operación que hoy está bajo la lupa por presunta falta de sustento legal y un posible desacato a un fallo de la Corte Constitucional.
Según fuentes del Gobierno, la compra se realizó sin la autorización jurídica correspondiente, a pesar de que la Corte había establecido parámetros claros sobre la administración y disposición de bienes que pertenecieron a desmovilizados de grupos armados. Ante el riesgo de haber cometido una irregularidad administrativa, el Ejecutivo ahora intenta subsanar el procedimiento mediante un decreto de última hora que daría piso normativo a la transacción.
Los predios involucrados tienen un antecedente sensible: eran propiedad de antiguos jefes paramilitares, varios de ellos designados como gestores de paz por el actual Gobierno. La operación, por tanto, no solo despierta dudas jurídicas, sino también interrogantes políticos en torno a los beneficios otorgados a actores armados en contextos de negociación.
Dentro de la administración Petro hay preocupación por el impacto que esta situación pueda tener en el cumplimiento de las decisiones judiciales y en la transparencia de la política de tierras. El Gobierno insiste en que el error se solucionará pronto, pero el caso ya genera ruido institucional y presiones internas para depurar responsabilidades.
La pregunta de fondo sigue abierta: ¿qué motivó una operación tan atípica y por qué se hizo sin los permisos requeridos? Mientras avanza la revisión jurídica, el episodio se suma al debate nacional sobre la administración de bienes vinculados al conflicto y el manejo de la paz total.
