En los últimos años ha crecido la preocupación por la capacidad operativa de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en Colombia. Aunque no hay cifras oficiales que confirmen la versión de “65.000 uniformados menos”, sí hay señales de que la presión sobre el personal es cada vez mayor, especialmente en regiones donde actúan grupos armados ilegales.
Expertos en seguridad advierten que la combinación de limitaciones presupuestales, retiros programados y dificultades de reclutamiento podría afectar la presencia y efectividad de las fuerzas, sobre todo en zonas rurales y periféricas. Esto ha generado inquietud entre autoridades locales y ciudadanos, que ven cómo la seguridad se vuelve más complicada en algunos municipios.
El Ministerio de Defensa, sin embargo, ha asegurado que las Fuerzas Militares se han mantenido y fortalecido, con programas de reclutamiento y expansión de personal en diferentes áreas, mientras se busca mejorar la distribución del pie de fuerza en todo el país.
El debate se intensifica porque, además de la presión por el número de uniformados, los ataques contra la Fuerza Pública han aumentado, con varios oficiales heridos o muertos en confrontaciones recientes. Esto genera un desafío adicional: mantener la seguridad en todo el territorio colombiano, equilibrando la cantidad de personal disponible con la necesidad de proteger a la ciudadanía.
En pocas palabras, aunque no hay una disminución masiva confirmada, existe una preocupación real sobre la capacidad de las fuerzas para responder a la violencia, lo que obliga al Gobierno a pensar en estrategias de fortalecimiento, reclutamiento y modernización para garantizar la seguridad en todo el país