La organización Corpades denunció la posible aparición de un nuevo grupo paramilitar en el oriente de Antioquia, advirtiendo que su presencia podría ser permanente y representar un riesgo directo para las comunidades locales.
La situación ha generado cuestionamientos sobre la política de seguridad del gobernador, e incluso sobre la administración de los recursos del impuesto de seguridad, cuyo uso efectivo se pone en duda frente a la persistencia de la violencia en la región.
Especialistas en seguridad advierten que la consolidación de estructuras armadas ilegales podría aumentar los niveles de violencia y socavar la confianza ciudadana en las autoridades, que enfrentan el reto de garantizar protección y prevenir la expansión de grupos ilegales.