A través de una empresa, legalmente constituida, la procesada habría querido dar apariencia de legalidad a millonarios recursos, aparentemente relacionados con contrabando.
Una fiscal adscrita a la Delegada contra las Finanzas Criminales logró que un juez de control de garantías de Turbo (Antioquia), impusiera medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a Yuli Andrea García González. Esta persona es investigada por el presunto lavado de activos en cerca de 13.000 millones de pesos producto de contrabando.
El trabajo de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales evidenció cómo la procesada habría prestado su nombre y el de una empresa de la que era representante legal para, entre 2018 y 2022, introducir al país grandes cargamentos de artículos para el hogar, elementos deportivos, herramientas, gafas y confecciones proveniente de China.
Los análisis financieros evidenciaron que ni la procesada, ni la importadora, de la que García González era su única accionista, contaban con el músculo financiero para realizar los movimientos económicos que soportaran el ingreso de los referidos cargamentos a territorio nacional. En tal sentido, la mujer no logró demostrar el origen lícito del capital que apalancó las operaciones financieras.
La Fiscalía evidenció que durante el periodo de tiempo mencionado la empresa fue objeto de una serie de aprehensiones por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Un par de estas actuaciones estableció que se trataría de contrabando por más de 300 millones de pesos.
La Fiscalía imputó a Yuli Andrea García González los delitos de lavado de activos y contrabando, cargos que no fueron aceptados. Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento carcelaria para la procesada, determinación que apeló la defensa.